Derecho PUCV albergó X Encuentro de la Asociación Iberoamericana de Facultades y Escuelas de Derecho Sui Iuris

La actividad tuvo como tema central “Los postgrados en Derecho: actualidad y prospectiva”, y reunió a representantes de 10 países.

18.04.2019

La Facultad y Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso fue sede junto a su símil de la Universidad de Valparaíso (UV), del X Encuentro de la Asociación Iberoamericana de Facultades y Escuelas de Derecho, Sui Iuris, que congregó a decanos y directores de facultades y escuelas de Derecho de Chile, Argentina, Brasil Colombia, España, México, Perú, Portugal, Venezuela y Estados Unidos.

Las jornadas tuvieron por objetivo reflexionar acerca del lugar que ocupan los programas de doctorado y magíster en las comunidades, de su impacto y de la proyección que tienen frente a las cambiantes formas de aprender, de enseñar, de investigar y de ejercer la profesión del jurista. Para ello, se ofreció un espacio de reflexión que fue precedido por el Primer Encuentro de Doctorandos de la Red Sui Iuris, ocasión en que se hizo propicio el intercambio de experiencias en torno a la metodología que valida el resultado de las investigaciones doctorales.

La instancia se inició con el Primer Encuentro de Doctorandos de la Red Sui Iuris, denominado “Los desafíos al método en la investigación en derecho”, contó con la exposición inicial del profesor Peter Cane, Senior Research Fellow Christ’s College de la Universidad de Cambridge y coeditor con H. Kritzer del The Oxford Handbook of Emirical Legal Research. Posteriormente, se llevaron a cabo dos workshops para los doctorandos participantes, uno encabezado por el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, doctor José Luis Guzmán, relativo a la investigación interdisciplinaria, y otro dirigido por el decano de la Facultad de Derecho de la PUCV, doctor Alan Bronfman, respecto a aspectos generales de metodología.

X ENCUENTRO SUI IURIS

En una segunda jornada, llevada a cabo en la PUCV, se dio inicio oficial al X Encuentro de la Asociación Iberoamericana de Facultades y Escuelas de Derecho “Los postgrados en Derecho: actualidad y prospectiva”, en un acto encabezado por Aldo Valle y Claudio Elórtegui, rectores de la UV y  PUCV respectivamente.

El rector Elórtegui aseguró que “es un honor para nosotros poder recibir en nuestro Salón de Honor a representantes de las universidades que forman parte de la Asociación Sui Iuris. Como rector, me complace que nuestra Universidad forme parte de esta asociación, desde su fundación en Barcelona el año 2010 y que hayamos podido aportar en su consolidación. Aprovecho de agradecer a las universidades miembros por haber considerado a las universidades de Valparaíso, Católica de Valparaíso, como coorganizadoras de este encuentro. Nuestra  Escuela de Derecho les acoge en un momento muy especial, ya que este mes conmemora 125 años desde su creación en 1894 como Curso de Leyes de los Sagrados Corazones de Valparaíso. Nuestra Escuela de Derecho –al igual que la de la Universidad de Valparaíso, de tradición centenaria se encuentra dentro de las principales, más antiguas y más prestigiosas facultades de derecho chilenas, con una larga tradición en la enseñanza del derecho, aportando al país desde regiones con académicos y ex alumnos muy destacados.”

Por su parte, Aldo Valle, rector de la UV, valoró la dimensión internacional de la asociación, indicando que “el desarrollo de la disciplina es mucho mejor si es acogiendo y reconociendo la diversidad, las visiones, aproximaciones y lecturas jurídicas distintas. Esto genera condiciones muy favorables para el desarrollo del Derecho.”

Finalmente, José Luis Guerrero, presidente de la Asociación Iberoamericana de Facultades y Escuelas de Derecho, secretario general PUCV y académico de nuestra Escuela, expresó su agradecimiento “a los rectores de las universidades anfitrionas por haber confiado en que sus Facultades de Derecho se incorporaran desde sus inicios a nuestra Asociación. Sepan ustedes que sus facultades forman parte de una asociación que reúne a 25 universidades de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Perú, Portugal y Venezuela, todas ellas, de alto prestigio en sus respectivos países.”

PANEL TEMÁTICO NACIONAL

Durante la tercera y última jornada del encuentro, se llevó a cabo la asamblea SUI IURIS en la Sala de Consejo “Ítalo Paolinelli Monti”. Durante la tarde se realizó un panel temático nacional para dar a conocer la realidad jurídica del país, oportunidad en que expusieron dos autoridades nacionales: Haroldo Brito, presidente de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de Chile, y Jorge Abbott, Fiscal Nacional del Ministerio Público de Chile, y exalumno de Derecho PUCV.

El Fiscal Nacional expuso sobre la “Evaluación de la reforma procesal penal y desafíos pendientes para el Ministerio Público”. En la oportunidad, explicó que “el sistema procesal penal en nuestro país ya lleva 18 años de su entrada en rigor, en las regiones de La Araucanía y Coquimbo, y constituyó un gran avance, puesto que significó un cambio en el sistema legal y también de toda la estructura institucional, como la creación del Ministerio Público. Además, se tradujo en un cambio profundo en la forma de concebir el funcionamiento de la justicia penal, pasando de un sistema inquisitivo a otro acusatorio, lo que implicó una nueva cultura legal, partiendo por la enseñanza el derecho, a pesar de que cuando partió la Reforma no había cursos en las universidades, fueron otras instituciones las que estuvieron capacitando para su entrada en vigencia. El nuevo sistema respondió a la necesidad urgente de adecuarse a los compromisos que Chile tenía en los tratados internacionales notificados por el país”.

“Uno de los principales logros fueron los avances en materia de eficiencia, que a dos años de su implementación total en el país, el año 2005, cuando empieza a regir en la Región Metropolitana, se lograban terminar el 92,3% de los casos ingresados al sistema, cosa que en el sistema antiguo no ocurría. En esta línea, el Ministerio Público ha venido aprendiendo de sus éxitos y también de sus dificultades y fracasos, y ha ido incorporando criterios de gestión y eficiencia en sus procesos de trabajo institucionales. Progresivamente, la Fiscalía ha venido instalando y perfeccionando modelos de operación de acuerdo a sus propias realidades y exigencias, pero con una mirada nacional, una mirada de poder proyectar esto desde las regiones también a nivel nacional”, agregó.

Respecto a uno de los grandes desafíos, aseguró que “se considera esencial actualizar y explicitar formalmente los aspectos que conforman la política criminal y persecución penal. Lo que se persigue, cómo se persigue y dónde deben cubrirse los incentivos y las prioridades depende fundamentalmente de las fiscalías. Con ese propósito, fijamos criterios de actuación comunes para todas las regiones del país, y las fiscalías contarán con instrumentos sobre estrategias esperadas de persecución penal y estándares mínimos en la calidad de nuestras instituciones”.

Por su parte, el presidente de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Haroldo Brito, expuso acerca de los postgrados en Derecho en la formación de los jueces, entregando ideas sobre los contenidos y características que debiesen ofrecer las universidades a través de cursos de posgrado para los procesos de formación y capacitación judicial.

“Actualmente ya no se considera un buen juez a aquel que conoce el derecho vigente y ha aprendido las capacidades técnicas para utilizarlo, sino también el que ha desarrollado actitudes éticas adecuadas para aplicarlo correctamente. En este sentido, resulta deseable un sincero compromiso ético de los jueces con su profesión, que genere un afán de formarse, que lleve al juez a actualizar sus conocimientos, acudiendo a los cursos de formación continua, estudiando por su cuenta, y tratando de estar al día en las novedades legales y jurisprudenciales, tanto del derecho nacional como internacional, de tal manera que se cree en el juez una actitud y un hábito de formarse de manera continua”, añadió.

Asimismo, destacó que “resulta fundamental introducir una distinción metodológica y conceptual básica, me refiero a aquella que diferencia entre conocimientos y habilidades en el contexto de las competencias laborales. El conocimiento es una expresión de la calificación profesional o formación, son saberes de un área o tema específico; la habilidad tiene que ver con las características personales para realizar determinadas tareas. Algunas personas pueden adquirir determinados conocimientos, se capacitan para dominar una disciplina, pero no necesariamente adquieren la habilidad para poner en práctica esos conocimientos, pues ésta se entrena a través del ejercicio del conocimiento permanentemente adquirido”.

“Las universidades deben fomentar y generar en los jueces el desarrollo sistemático e integral de los conocimientos jurídicos implicados directa o indirectamente en el desempeño de la función judicial, que puedan promover el desarrollo de criterios teórico-jurídicos que nos permitan arribar a nuevas soluciones, conscientes del impacto que generan sus decisiones y la manera como las argumentan, no solo entre las partes afectadas en un conflicto jurídico concreto, sino en la sociedad entera. Entregar conocimiento que otorguen una sólida formación jurídica e integral que permita a los jueces no solo desarrollar mejor sus funciones, sino convertirse en verdaderos factores de cambio social”, cerró.

Por Camila Cortez y Pedro Martínez

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